Proyecto de Ley para que Internet pase a ser un servicio público

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La iniciativa lleva la firma del presidente de la Comisión de Medios del Senado, el peronista chubutense Alfredo Luenzo, quien había anticipado la intención de “tener un marco de acceso digital firme, robusto, con un concepto estrictamente federal”.

La norma intenta respaldar el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 firmado a fines del año pasado y que fue objetado en la Justicia por las empresas de telecomunicaciones, que lograron frenar su entrada en vigencia.

Desde el artículo primero de la norma se declara de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”.

“Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones“, se afirma.

En sus fundamentos, Luenzo menciona que “la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia a los servicios de tecnologías de la información y la comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 permitirán reducir la brecha digital“.

Por otro lado, el proyecto establece que “los licenciatarios de los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación“.

“Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del servicio universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta“, continúa la iniciativa.

Asimismo, deja en manos de la autoridad de aplicación la “reglamentación” de “la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad“.

Fuente: Télam

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